Durante las últimas semanas, en todo México, miles de usuarios de telefonía celular han reportado haber recibido, aparentemente, llamadas provenientes del extranjero con fines fraudulentos. Números con ladas internacionales, voces automatizadas y supuestas ofertas de trabajo forman parte de una nueva oleada de engaños telefónicos que buscan obtener dinero o información confidencial de las personas.
Estos fraudes, que utilizan tecnología de suplantación del número, voz sintética o sistemas automatizados, no son simples molestias, se trata de delitos. Y aunque, en el caso de Yucatán, las autoridades aconsejan al ciudadano que no “conteste” o “cuelgue” las llamadas de ese tipo, ese enfoque reactivo ya no es suficiente.
Necesitamos cambiar el discurso público, porque quien recibe una llamada fraudulenta no es un incauto, sino es una víctima de una estructura criminal que opera con alta tecnología, impunidad y precisión.
En Yucatán, donde la confianza social y la paz pública son emblemas de convivencia, este fenómeno va teniendo poco a poco un efecto corrosivo. Porque, si bien no es un delito visible ni violento, ataca lo más delicado, la seguridad emocional de las personas.
Aconsejar cómo proceder ante esos hechos, es una acción bien recibida por la ciudadanía; sin embargo, está claro que los delincuentes han ido innovando, por lo tanto, es momento de pasar del mero consejo a la política pública. Ya no basta con pedirle al ciudadano que bloquee números o que no devuelva la llamada.
El fraude telefónico requiere una estrategia nacional con componentes tecnológicos y jurídicos. Se necesitan acciones concretas, como rastrear y bloquear el origen de las llamadas fraudulentas, imponer obligaciones de autenticación de llamada a los concesionarios utilizando protocolos técnicos que ya funcionan, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá; tipificar el fraude telefónico tecnológico como un delito autónomo; fortalecer las unidades de la policía cibernética y crear fiscalías especializadas en delitos telefónicos y digitales.
Yucatán, que ha sido modelo en materia de prevención del delito, sin duda alguna puede liderar la respuesta frente a este nuevo tipo de amenaza. Así como en su momento se construyó una política integral para contener la delincuencia convencional, hoy el reto es blindar digitalmente al ciudadano.
Se necesita una legislación moderna, un sistema de bloqueo efectivo y una coordinación real entre policías, fiscalías, órganos reguladores de telecomunicaciones y empresas de telefonía. El principio es simple, si la delincuencia evoluciona, las instituciones responsables de responder ante este tipo de delitos también deben hacerlo.
La prevención individual seguirá siendo necesaria, pero no puede ser la única línea de defensa. Se requieren, además, acciones institucionales firmes, coordinadas y transparentes, que generen confianza en las autoridades, fortaleciendo de esta manera la cohesion social, pilar fundamental de la seguridad en Yucatán.
Héctor Cabrera 