Recientemente, el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobó una iniciativa de reformas a la Constitución del Estado, para que los magistrados ya no sean nombrados a propuesta del Poder Ejecutivo, sino que el mismo Poder Judicial los nombre y turne al Congreso del Estado únicamente para su ratificación.
En mi opinión, el Poder Judicial del Estado de Yucatán no se encuentra legitimado para enviar una iniciativa de reforma a la Constitución por carecer de competencia al respecto, dicha competencia actualmente se encuentra reservada exclusivamente al Titular del Ejecutivo del Estado en términos del artículo 66 de la Constitución del Estado de Yucatán.
Cuando un poder público, ya sea el ejecutivo, el legislativo o el judicial, pretende asumir las funciones o limitar las atribuciones de otro, se rompe el principio de separación de poderes que garantiza el equilibrio y el control entre las distintas ramas del gobierno.
El equilibrio entre poderes de un estado es importante para evitar la concentración y el abuso del poder, para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, y para fomentar la participación y la rendición de cuentas de los gobernantes.
En la jurisprudencia de la Corte se ha establecido que “los Poderes no están limitados a ejercer actos propios de sus funciones, sino que para permitir el funcionamiento de los órganos estatales y lograr la unidad política mediante el equilibrio de fuerzas y el control recíproco, se han establecido mecanismos que pueden consistir en la colaboración de dos Poderes para la validez de un acto”.
Un estado que respeta la división y las atribuciones que corresponden a cada poder, es un estado que respeta el estado de derecho, la pluralidad, la diversidad de opiniones y la convivencia pacífica y democrática de la sociedad.
Si la reforma prospera en sus términos, estaríamos ante una invasión de esferas de poder entre un poder público y otro. Un riesgo político que puede afectar la democracia, la estabilidad y el desarrollo del estado.
Héctor Cabrera 