La explotación humana es una actividad muy rentable para los grupos criminales organizados. La trata de personas es uno de los crímenes más atroces del mundo, roba a las víctimas su dignidad y sus derechos.
Aunque la forma más conocida de trata de personas es el abuso sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata para trabajos forzados, esclavitud doméstica, mendicidad de niños o extracción de órganos.
Los numerosos y diferentes tipos de trata de personas demuestran que no existe un perfil de víctima uniforme y específico. Se han confirmado casos en todo el mundo y las víctimas son reclutadas independientemente de su sexo, edad u origen.
De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de manera global, una de cada cinco víctimas son niños y niñas. Por su parte, las mujeres equivalen a dos tercios de las víctimas de la trata de personas en el mundo.
Entre los factores que hacen más vulnerables a los niños y niñas como víctimas de trata están: la pobreza, la violencia familiar, desastres humanitarios y conflictos armados, niños carentes de cuidados parentales, la falta de registro de nacimiento, entre otras.
En este contexto, la prevención de estos actos criminales, es una de las tareas clave que se debe impulsar desde los diferentes organismos gubernamentales relacionados con la prevención del delito.
Es importante hacer referencia que para que la prevención del delito sea eficaz es necesario y primordial estimular el interés de la comunidad, así como la movilización y participación de la sociedad y de sus instituciones: escuelas, universidades, asociaciones civiles y otros organismos cuya labor junto a las autoridades permita identificar las condiciones del ambiente físico y social que proporciona oportunidades para el delito o precipitan los actos criminales.
En un segundo nivel de prevención se encuentran las políticas de justicia penal y especialmente la capacidad de las autoridades para la identificación temprana de las condiciones criminógenas que puedan existir en un territorio determinado.
En un tercer nivel se encuentran las medidas y las sanciones legales y todas aquellas medidas que inhiban la comisión de delitos.
Sin embargo, la labor más importante es la del ciudadano que en el caso de Yucatán, ha brindado numerosos ejemplos de participación al coadyuvar con las autoridades reportando oportunamente diversos casos en los que la autoridad ha podido intervenir de manera eficaz evitando tragedias mayores.
Recordemos el caso de una joven yucateca que sufrió un chantaje de un supuesto novio por las redes sociales y que luego de ser reportada como desaparecida fue rescatada por agentes policíacos de Knoxville, Tenesse, E.E.U.U. y en coordinación entre la entonces Procuraduría General de Justicia de Yucatán y la embajada de México en Atlanta fue repatriada y entregada a sus padres. (Información de la que dio cuenta el Diario el 23 de enero de 2011).
Para atender a este fenómeno, entre otras acciones, las dependencias responsables deberían contar con programas eficaces dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con la finalidad de ayudarlos a identificar situaciones de riesgo en la sociedad, que pongan en peligro su integridad física y emocional, especialmente en lo que se refiere a las redes sociales.
Programas que se implementen de manera permanente en los planteles educativos de todo el estado, integrado por un equipo multidisciplinario de especialistas responsables de visitar las escuelas para dar a conocer, mediante diversas actividades, situaciones que podrían significar un peligro inminente para los menores, si no se detectan a tiempo.
Solo mediante un enfoque integral que combine medidas legislativas, aplicación de la ley y empoderamiento social se podrá avanzar hacia la erradicación de la trata de personas en nuestro estado y en México.
Héctor Cabrera 