La cifra negra, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), representa todos «los hechos delictivos que no son denunciados al Ministerio Público o que no son objeto de una investigación previa y, por tanto, no aparecen en ninguna estadística». En Yucatán, este dato representó el 87.7% del total de actos delictivos en 2022, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023. Esto quiere decir que casi 9 de cada 10 eventos criminales pasaron sin repercusiones legales para el presunto delincuente.
Esta es una de las formas como se mide el fenómeno delictivo en nuestro estado, contabilizando el número de denuncias presentadas ante el Ministerio Público, otra forma, por el número de consignaciones judiciales y de sentencias ejecutadas. Otro método mas para medir la delincuencia es dividir el número total de delitos denunciados por una población predeterminada (en este caso, 100.000). Por ejemplo, en Yucatán la tasa de incidencia delictiva fue de (1,3%) correspondiendo 23,914 en 2022, de 23,600 en 2021, de 21,348 en 2020 y de 17,686 en 2019 delitos denunciados, lo que ha resultado en un aumento gradual por año.
Estos métodos de medición de la delincuencia están limitados porque sólo incluyen los delitos que se denuncian a las autoridades e ignoran los delitos no denunciados. Dado que los datos obtenidos de esta manera sólo contienen cifras parciales, es imposible diseñar políticas de atención al tema que permitan una interpretación correcta de la situación de seguridad en un área determinada.
Así, por ejemplo, cuando el gobierno anuncia una caída en las tasas de criminalidad, al ciudadano le puede resultar difícil creerlo.
Más que proporcionar una imagen precisa de la criminalidad, los delitos registrados sólo sirven como un indicador para evaluar qué tan bien está funcionando el sistema de procuración y administración de justicia.
Podemos conocer algunas características de los actos delictivos a partir de las denuncias, pero no toda la información sobre las víctimas de esos delitos.
Según estudios recientes, la mayoría de las personas deciden no denunciar los delitos de los que han sido víctimas por diversos motivos, entre ellos el miedo a represalias, la desconfianza en que las autoridades atrapen a los delincuentes, el tiempo perdido en denunciar, evitar chantajes o corrupción, pensando que el daño era irrelevante, o porque sentían que las autoridades los trataban mal.
Desde un punto de vista personal, creo que estas estadísticas deberían usarse para identificar las causas precisas de la falta de denuncia de las víctimas de delitos y para abordar rápidamente esas causas.
Planificar estrategias para combatir el crimen es difícil cuando no se tiene conocimiento de la delincuencia real, lo que también pone en peligro el tejido social, pilar fundamental para las seguridad ciudadana de Yucatán.
Héctor Cabrera 