Mucho se ha teorizado acerca del mando único de policía. Hasta este punto, todo se ha dicho sobre este tema, incluso en Yucatán fue creado el Centro Estatal de Prevención del Delito como parte de la regionalización de la política de seguridad conforme a los lineamientos de la federación.
En términos de esta iniciativa presidencial presentada en Octubre de 2006, la implementación del Mando Único de Policía tiene significados mucho más complejos que vale la pena analizar desde varios enfoques, pues se presentan cuestiones jurídicas, políticas y técnicas que inciden en la misma.
En primer lugar, de las reformas que originaron esta propuesta se desprende lo relativo al mando de la autoridad federal –así lo contempla la propuesta de reforma al artículo 21 de la Constitución, párrafo undécimo, inciso c- en donde se asume que la policía federal podrá disponer la conducción de los policías estatales y esta última también lo haga con la policía municipal.
En este sentido se revela una cadena de mando que inicia en el orden municipal y culmina en el mando de la federación. Sin embargo, aunque se introduce en esta reforma el principio de “Subsidiariedad” todavía no se conoce con precisión de qué forma este principio se aplicará para regular la intervención del Estado nacional, ya sea para apoyar económicamente áreas privadas o comunitarias o para solucionar problemas de índole local o federal.
En segundo lugar el tema de la designación del jefe de las policías municipales a cargo del gobernador del Estado planteará la necesidad de que varias normas constitucionales, en especial el artículo 115 que delimita las atribuciones del municipio libre no se vean afectadas por la propuesta de dotar al gobernador de una entidad federativa la facultad de nombrar a los jefes de policía de los municipios integrantes de la localidad.
Estos jefes serían propuestos por el presidente municipal respectivo, pero el nombramiento sería constitucionalmente responsabilidad del gobierno estatal. Si tomamos en cuenta que en Yucatán existen jurisdicciones municipales con cierto poder económico y político derivado de su densidad poblacional pues habrá que supeditar los acuerdos políticos a la actuación certera y rápida de la policía cuando ésta se requiera.
Los municipios en Yucatán, como en otras partes del País, gobiernan también en conjunción con concejos, cabildos y regidurías integrados con encargados de las políticas de seguridad pública municipal. Probablemente esto derive en la presentación de controversias constitucionales.
Finalmente se debe considerar que al calor de estas reformas se debe considerar que independientemente de la competencia de la federación en las labores nacionales de seguridad pública, la competencia originaria corresponde a autoridades locales.
De esta forma podríamos hablar de un mando concurrente en el que siendo la seguridad pública una política de Estado, las autoridades locales podrían tener cierta libertad para intervenir en áreas de competencia federal sin restricciones operativas, pero de alguna forma respetando la formalidad legal de hacer partícipe a la federación de su actuación en esos casos.
Cuando hablamos de mando único de policía se tiene la creencia de que habrá una sola persona o jefe máximo, por así decirlo, de la corporación. Sin embargo, ateniéndonos al espíritu original de estas reformas es necesario dejar en claro que lo que se busca es consolidar un sistema nacional de coordinación policíaca que deberá apoyarse en una mayor profesionalización y certificación de las personas que se dedican a esta labor.
Para el éxito de estas reformas en la entidad no solo se requieren soluciones integrales sino también modelos obligatorios y permanentes de carrera policial relativos al reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación y evaluación de los integrantes de las instituciones policiales.
En este sentido, uno de los grandes retos en Yucatán será llevar este nivel de preparación a los policías municipales, muchos de ellos, oriundos de su localidad y en su mayoría con alcaldes que no cuentan con la información para obtener recursos federales etiquetados en rubro de la Seguridad.
Héctor Cabrera 