Uno de los ejes de la transformación de la procuración de justicia en Yucatán ha sido, sin duda alguna, el de la capacitación y la profesionalización. No solo en lo que la policía se refiere sino al personal de los servidores públicos del área, en un contexto donde nuevas leyes y adecuaciones de corte constitucional hicieron necesario fortalecer y delimitar ámbitos de acción y de procuración de la justicia.
¿Cuáles son los rasgos más importantes de estos cambios y cómo impactan en los ciudadanos?
Recordemos que hasta no hace mucho, en México, de manera histórica, la fusión de las facultades de investigar y perseguir los delitos se han concentrado en el ministerio público a diferencia de otros países, como el Reino Unido donde se concentraba exclusivamente en la policía.
Al mando del ministerio público y subordinados a él se adscribían sus auxiliares, esto es, las policías y los peritos. Sin embargo, en la práctica, no existía una clara distribución de facultades. Al inicio de la administración, detectamos que muchos ministerios públicos y policías no contaban con el ejercicio criminalístico técnico y científico tanto de campo como de laboratorio para la investigación eficaz de los delitos además de que se ordenaba la misma función a dos personas distintas, con perfiles y competencias diferentes, por lo que ninguna de las dos la realizaba adecuadamente.
Las nuevas disposiciones constitucionales rompen el anterior concepto del mando y la subordinación de las policías al Ministerio Público (MP). Ahora, conforme a su redacción, la investigación de los delitos corresponde al MP y a las policías, bajo la conducción jurídica del primero.
Ciertamente el nuevo precepto constitucional dio un paso hacia el fortalecimiento de las funciones policiales de investigación. Pero también suponía que los policías ministeriales tuvieran un claro conocimiento de sus funciones en el marco del Nuevo Sistema Penal, Oral y Acusatorio que se implementó en Yucatán como parte de la implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y de Justicia.
Por poner un ejemplo, ahora, un policía ministerial tendría que saber cuál son sus funciones a la hora de llegar a la escena de un crimen, la metodología para no contaminar el área e incluso, las consecuencias jurídicas que su sola presencia tiene en la investigación y el desarrollo de algún caso.
Lo anterior requería una serie de reeducación de los elementos y una nueva forma de trabajo que debería romper con viejos moldes que hacían que las policías ministeriales fueran percibidos con una mala imagen y dados a la improvisación.
En concordancia, durante las pasada administración, la profesionalización permanente de los servidores públicos responsables de la procuración de justicia constituyó un elemento primordial en la búsqueda constante de una mejora en la calidad de los servicios y en el incremento de la satisfacción ciudadana.
Como parte de la gradual implementación de este nuevo sistema de justicia se impartieron cursos sobre Técnicas para la Elaboración de la Carpeta de Investigación a funcionarios a cargo del personal del Centro Regional de Actualización en Materia de Seguridad Pública.
Por medio de la Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera cerca de 1,000 servidores públicos participaron en distintas actividades de capacitación sobre destrezas de litigación para el juicio oral, lucha antisecuestro y antiextorsión, comando de operaciones especiales, tiro policial, aplicación del protocolo de Estambul, mediación, grafoscopía y documentos cuestionados, además de la detección de vehículos robados.
Nunca como antes se habían hecho acuerdos de colaboración académica con prestigiadas instituciones para fortalecer la profesionalización del personal, tales como el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), la Academia Nacional de Seguridad Pública del Sureste (ANSP), el Centro Regional de Actualización en Materia de Seguridad Pública, la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y de Justicia del Estado de Yucatán, el Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU) y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.
En el marco de colaboración internacional, se contó con la participación y apoyo de reconocidos especialistas de la Policía Nacional Francesa y de Colombia.
Sin duda el papel de la policía en el sistema acusatorio tendrá un mayor impacto en la investigación de un delito lo que obliga a tomar el reto de construir policías profesionales y confiables en un contexto donde el gobierno federal ha emprendido una batalla contra el crimen organizado.
Aprovechemos de esos servidores públicos comprometidos todas sus capacidades, sus destrezas y sus habilidades. Lo contrario sería un lamentable desperdicio.
Héctor Cabrera 