En el artículo anterior comentábamos los procesos que impidieron que la Secretaría de Gobernación (Segob) contara con los instrumentos necesarios para garantizar la gobernabilidad del país. Y es que con las reformas a la administración pública federal la Segob tendrá ahora la facultad de desarrollar políticas orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es que por primera vez en muchos años se advierte de la existencia de las dos caras de la inseguridad en México: Por un lado un componente institucional que tiene que ver con policías, ministerios públicos, con jueces, con cárceles y por otro, el componente social que incluyen diversos factores de riesgo, que hasta ahora no habían sido evaluados en las políticas de prevención del delito.
Sobre este punto, la Segob ha sido clara al remarcar que operará con esta doble visión para reforzar al gobernabilidad en varias zonas del País con la implementación de programas sociales relacionados con dicha prevención.
Estos programas de prevención con enfoque social tendrán un impacto favorable en las entidades porque involucrarán no sólo contenidos nacionales y territoriales sino también el trabajo e involucramiento de todas las secretarías que tienen que ver en las tareas de prevención, pues ahora se pretende que las áreas de riesgo se conviertan en áreas de oportunidad.
De esta forma la dependencia tendría que concretar convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con las estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia.
En 2010 la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal informó que 414 municipios, que representaban el 17% del total de estas demarcaciones en el país, carecían de Policía municipal.
En este contexto una parte importante del componente institucional es la citada puesta en marcha de la llamada Gendarmería Nacional; un proceso que seguramente será complejo, pero del que se ha prometido, dará resultados este mismo año.
Pese a que ya recibió un presupuesto de 1,500 millones de pesos y el visto bueno de la clase política, todavía no se conocen detalles fundamentales de lo que será esta corporación, sin embargo, es de esperarse que este cuerpo sea el responsable de fortalecer el control territorial en los municipios con mayor debilidad institucional, así como en instalaciones estratégicas como puertos, aeropuertos y fronteras, adicional al incremento de las capacidades del capital humano empleado en estas tareas.
Yucatán tendrá una ventaja competitiva respecto a la capacitación, pues como se recordará, en los últimos tres años, elementos de la Fscalía General del Estado, recibieron cursos y entrenamiento de, entre otros países, Colombia y Francia, ambos con una Policía Nacional.
Más allá de la estrategia, los resultados y las operaciones que generará este cuerpo de seguridad en el País, lo más importante será reactivar la estrategia de participación social en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales.
Con esta doble visión los ciudadanos podrán percibir que el equipo de seguridad nacional no sólo enfocará sus esfuerzos en lograr las capturas de grandes cabezas del narco sino en reforzar las instituciones y atender las necesidades inmediatas de los ciudadanos.
Héctor Cabrera 