En muchos ámbitos se ha tratado de difundir que con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Gobernación que absorberá sus funciones, se convertirá en una supersecretaría con atribuciones más allá de las legalmente establecidas.
En realidad de lo que se trata es de regresar a esa dependencia los instrumentos necesarios para garantizar la gobernabilidad del país. Los cambios propuestos por Peña Nieto para la administración federal, sobre todo los relacionados con Gobernación, hacen explícitas las preocupaciones del Presidente de la República para el futuro inmediato: garantizar la gobernabilidad, entendiendo a la seguridad pública como uno de los principales instrumentos de la misma.
Y es que no se está inventando el hilo negro. Durante dos sexenios Gobernación quedó convertida en una secretaría política más dedicada a mesas, diálogos y búsqueda de acuerdos y perdió su carácter de jefatura de gabinete y de ministerio del interior desde el año 2000, cuando el presidente Fox decidió quitarle atribuciones a esa dependencia con el argumento de “la utilización política de sus instrumentos de seguridad e inteligencia”.
El resultado fue que se perdió gobernabilidad, se balcanizaron las áreas de seguridad y por ende se perdió también capacidad de control sobre el país. Ahora, la Seceraría de Gobernación estará al frente de la estrategia de seguridad y se hará cargo de la Policía Federal.
Más allá del destino que tendrá la estructura de la Policía Federal una de las virtudes de esta decisión será la generación de un claro responsable político del tema de la seguridad, algo que no necesariamente sucedía en la administración anterior.
Con el fortalecimiento de la Secretaría de Gobernación frente a otras instancias federales y sobre todo frente a los gobiernos estatales, el titular de esta dependencia puede llegar a ofrecer acciones y programas muy concretos a los mandatarios locales, una facultad que no tuvieron sus predecesores de gobiernos panistas.
En el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral la incorporación de la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación permitirá un mayor control a los Ministerios Públicos respecto a las investigaciones de los delitos del fuero federal, situación que en muchos casos se complicaba debido a la escasa capacitación de los policías preventivos en el tema o problemas derivados de roces entre el Procurador General de la República y el Secretario de Seguridad Pública Federal, como sucedió en casos muy sonados en el sexenio pasado.
En consecuencia se percibe que estos cambios coadyuvarán a superar las insuficiencias políticas en la implementación de la seguridad, la falta de coherencia interna que se padeció el sexenio pasado y en la coordinación política de la Federación con los estados y los municipios.
Héctor Cabrera 