Durante los últimos años varios programas televisivos de corte policíaco han popularizado la idea de que la resolución de crímenes o delitos de alto impacto está basada únicamente en alta tecnología informática y forense. Incluso, productores ejecutivos de programas como CSI han llegado al límite de montar “laboratorios” en centros turísticos en los que el público participa resolviendo algún crimen, previo llenado de un formulario con sus opiniones sobre el programa.
Desde luego, en todos estos casos que se ven en dichas series, predomina el hecho de que la presunción de inocencia es un elemento central del sistema de justicia penal estadounidense. En el vecino país, se presume que todo acusado es inocente hasta que se le halle culpable más allá de toda duda razonable. Esta es la norma de todos los juicios penales en Estados Unidos, un sistema garantista similar a la que hoy se aplica en nuestra entidad.
Guardadas las proporciones, en Yucatán el nuevo sistema de justicia penal enfrentaba el reto de implementar al mismo tiempo toda la infraestructura necesaria para adecuarse a las reformas pues no sólo se debía realizar inversiones básicas en instalaciones y equipos sino además modernizar sistemas de trabajo y con ello la capacitación del personal conforme a nuevos sistemas administrativos, operativos y legales.
Y es que cuando hablamos de infraestructura para la seguridad no sólo nos referimos a la inversión en bienes muebles, centros penitenciarios estatales, edificios o armamento, sino en la cada vez mayor necesidad de contar con los elementos informáticos y los programas que fortalezcan el clima de seguridad desde un ámbito territorial, logístico y operativo que incida directamente sobre el bienestar ciudadano.
De esta forma, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado de Yucatán (FASP) se adquirió un equipo móvil de identificación de sustancias y narcóticos, además de contar con una integración de cédulas de inscripción con fotos, huellas, media filiación y documentos probatorios de identidad. De la misma forma se adquirió el Sistema de Identificación Balística Integrado (IBIS BRASSTRAX-3D) con el software mas avanzado en todo México, el cual permite capturar imágenes de casquillos de alta resolución en tres dimensiones.
En un lapso no mayor a 24 horas se ingresan en el Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados del SNSP los casos ocurridos en el Estado, a fin de facilitar las investigaciones para la recuperación.
Con base en los estándares de la Norma ISO 9001: 2008 se integró un manual de calidad y 22 manuales de procedimientos de trabajo con la finalidad de establecer las metodologías necesarias para prestar servicios más eficientes y rápidos, conforme a las necesidades de los ciudadanos. Como resultado de lo anterior, en junio la Fiscalía General del Estado logró la certificación de sus procesos.
Con la finalidad de investigar los delitos cometidos a través de medios electrónicos e internet, la Policía Cibernética realizó 107 investigaciones, atendió 59 denuncias por extorsión y fraude telefónico y 439 colaboradores para la búsqueda de personas. También se consolidó un enlace permanente entre la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) y la Unidad de Coordinación e Intercambio de Información Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Haciendo a un lado parte de la fantasía que rodean a las series televisivas, es un hecho que las la aplicación de plataformas informáticas conforme a las reformas del sistema de justicia en México son un proceso irreversible en un mundo donde la información se administra hoy con mayor velocidad.
Se trata de sistemas cuya complejidad varía de un estado a otro lo que genera algunas paradojas, pues en el caso de Yucatán los bajos índices delictivos de alto impacto como el secuestro o el homicidio representan un indicador que influye en la asignación de recursos (FASP) en comparación a otras entidades que sufren de graves problemas de inseguridad.
Hoy, en plena transición, el gobierno federal ofrece un fondo adicional al FASP de hasta 12 mil millones de pesos, específicamente para la infraestructura penitenciaria y del sistema de justicia penal, pagaderos por medio de un crédito de Banobras, mediante el cual los estados únicamente pagarían los intereses del financiamiento hasta por 20 años.
La preocupación del actual gobierno federal actual se comprende si se toma en cuenta que existen entidades, donde el ingreso al nuevo sistema de justicia penal todavía representa un largo camino, en los que desafortunadamente se requieren inversiones mayores en infraestructura básica y capacitación. Un camino que afortunadamente hoy, ya empezamos a recorrer en nuestro estado.
Héctor Cabrera 